Históricamente, además de que el dictamen fiscal solía ser obligatorio, tenía beneficios tangibles. Uno de los principales era que, en caso de una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal cuestionaba primero al auditor externo antes de dirigirse directamente al contribuyente (lo que
comúnmente se conoce como “la secuencial”). Esto brindaba un margen de defensa y una mayor claridad en la fiscalización, lo que permitía a las empresas corregir omisiones sin una exposición directa e inmediata ante la autoridad.

No obstante, las reformas fiscales recientes han cambiado la dinámica de este proceso. En la actualidad, se han visto casos en donde el SAT ejerce sus facultades de revisión directamente sobre el contribuyente, sin importar la existencia de un dictamen fiscal. Como consecuencia, el beneficio de contar con esta intermediación prácticamente ha desaparecido.

Además, el dictamen fiscal implica una carga adicional tanto en términos de trabajo como de costos. La elaboración de este documento requiere una auditoría detallada de los estados financieros, lo que genera un incremento en los honorarios de los auditores y una mayor inversión de tiempo para las empresas. Y
si sumamos el hecho de que, con la reforma fiscal 2022, la fecha límite para el envío del dictamen fiscal se adelantó del 15 de julio al 15 de mayo, esto representa un reto adicional, no sólo para auditores sino también para los contribuyentes, pues los tiempos para atender las auditorías se han recortado,
pero la carga de trabajo, no.